A propósito de las detenciones ciudadanas

Hemos visto en los últimos días como la ciudadanía cansada de ver que aquellas personas que delinquen, son detenidas, formalizadas y luego salen caminando por los Tribunales, creando una clara sensación de injusticia social, ha comenzado a  tomar la “justicia” por sus propias manos.

¿Pero las detenciones por parte de la ciudadanía son legales?

Así es. La ley ampara las detenciones de personas que han cometido delitos flagrantes por parte de cualquier ciudadano, sin la necesidad de ser policía u empleado público. Así se desprende del Código Procesal Penal, que en su artículo 129, señala: “Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante. Debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima”.

Ahora bien. La experiencia nos dice que el delincuente nunca “trabaja” solo, ya que siempre cuentan con cómplices o encubridores que le facilitan su huida. Por eso es muy importante que las personas que realicen la detención ciudadana tengan en consideración dos aspectos muy importantes:

Primero, es que podrían enfrentar una fuerza física que claramente opondrá el delincuente. Y segundo, estará atento a su entorno, con la finalidad de que no sea atacado por la espalda por un segundo delincuente.

Otro punto importante es que la fuerza empleada para la reducción debe ser racional y una vez inmovilizada la persona no se le podrá golpear o generar una suerte de ajusticiamiento. Esto por  la sencilla razón que al ser entregado a la policía, el delincuente puede acusar de lesiones a su captor y si se determina que se usó la fuerza más allá de lo racional, transformándose en una golpiza, puede traer consecuencias jurídicas.

Además si va a intervenir como captor de un delincuente, debe tener presente que:

Debe sorprender a una persona en delito flagrante, es decir, cuando una persona se encuentra cometiendo el delito, cuando acabare de cometerlo, cuando la persona que lo cometió huyó del lugar y es señalado por el ofendido u otra persona como el autor o cómplice del mismo. También el que en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito fuere encontrado con las especies, con las armas u objetos que se utilizaron para realizar el delito, esto tiene un plazo máximo de 12 horas, dentro de ese tiempo el legislador ha entendido que estamos dentro de flagrancia.

Y lo más importante, no arriesgar más de lo que prudencialmente somos capaces de hacer o terminaremos con un delito más complicado que aquel que originó la intervención.

Henry Agüero Olsen
Comisario ® Policía de Investigaciones de Chile
Perito Judicial Excelentísima Corte Suprema
Socio del Estudio Jurídico Agüero&Moldenhauer Ltda.
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